La pandemia y la visión oficial

“Lo normal ha llevado a esto”. Ed Yong, periodista científico de The Atlantic.

Alfredo César Dachary
cesaralfredo552@gmail.com

Para este periodista, el modelo actual de crecimiento económico ha llevado a una mayor deforestación y pérdida de biodiversidad, una urbanización acelerada, explotaciones ganaderas intensivas y viajes globales, factores todos ellos, que se sabe, aumentan el riesgo de que los virus zoonóticos salten a los huéspedes humanos y se propaguen con alarmante facilidad. Científicos y personas expertas en salud pública de todo el mundo han estado advirtiendo durante muchos años de que iba a tener lugar una pandemia causada por un virus desconocido, tan solo era cuestión de saber “cuándo” teníamos que estar preparados.

Mientras cada vez más científicos, periodistas y pensadores van mostrando las diferentes caras, consecuencias y fases de esta trágica pandemia, el Presidente Biden da la orden de saber “¿cómo apareció el virus?”, con el fin de acusar primero a China y luego a Rusia, los dos países que le están peleando la hegemonía, el primero la comercial y el segundo la militar.

No hay que ser muy ilustrado para saber que los resultados ya existen en el Pentágono, la culpa en la nueva guerra fría, como se está haciendo en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil y todos países que quieren buscan futuro decolonial.

Los resultados son como el 11-S, nunca se sabrá, pero se desconfía que fue como el Maine en Cuba a comienzos del siglo XX o el auto atentado en Vietnam que desató la guerra, o el ataque a Pearl Harbord, que se sabía, pero se necesitaban víctimas para poder mover la máquina militar.

Mientras esto ocurre, en México el gobierno se mantiene, como la mayoría de los gobiernos del mundo, entre esperanzas y retrocesos, pero sin aclarar cuál es la situación.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que pese a críticas de algunos grupos aún mantiene un alto nivel de credibilidad en su medición de la pobreza, y su estudio inicial marcó el hito del elevado nivel que se tenía en el país.

De allí la importancia del documento titulado “La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV 2 (Covid-19) en México”, ya que sabe que la pandemia ha generado muchos muertos en México, pero no se trata solo de la visión simplista de que la infraestructura sanitaria era muy débil o la habían desmantelado.

La pobreza es la cara social de la inequidad y genera una sociedad con muchas debilidades, desde la carencia de servicios por la mala alimentación que hoy nos coloca mundialmente en la cabeza de la obesidad, alto índice de población con diabetes, hipertensión y demás problemas de salud que se suman a la carencia de servicios básicos.

Para la Ley General de Desarrollo Social, la pobreza se caracteriza por una privación simultánea en diversos aspectos de la vida, de allí deriva la medición multidimensional de la pobreza a partir del bienestar económico y el de los derechos sociales (rezago educativo, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad).

De allí que, según esta metodología, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia en alguno de los indicadores de derechos sociales y además su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios contemplados en las canastas alimentaria y no alimentaria; y la pobreza extrema es aquella que presenta tres o más carencias sociales y cuenta con un ingreso total insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.

Las cifras harían palidecer a cualquier humano con dignidad, porque el tema, evadido en las campañas políticas porque la responsabilidad no deja a nadie afuera, es vergonzoso, y explica realmente lo que pasó. El 22,6% de los mexicanos no es pobre y no vulnerable, o sea, 27 millones; el resto son pobres extremos, pobres moderados y carenciados.

En números, 52 millones de mexicanos son pobres, divididos el 43% en pobreza moderada y un 9,3% en pobreza extrema, y un 45% son vulnerables, esa es la radiografía que muestra los efectos reales de la pandemia.

Dentro de los pobres y carenciados, el 57,3% no tiene acceso a la seguridad social, un 16,6% no tiene acceso a los servicios de salud y un 20% no tiene acceso suficiente a la alimentación que coincide con un 19,8% que no tiene acceso a la vivienda, junto a un 21,6% que tiene rezago educativo. En síntesis, el 20% de los mexicanos son pobres extremos, aunque en la cifra sean menos, pero por las carencias también se puede medir.

En el 2019, la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria era en el mundo rural del 49,6%, en las ciudades el 33,3% y la media nacional es de 37,3%, parece que la pobreza inunda cada espacio que toca. La participación porcentual de las fuentes de ingreso en el ingreso total per cápita de México, 2018, es de: 59,3 % de remuneraciones de trabajo subordinado; 16,7% de transferencias; 6,6% por trabajos independientes; 13,6% renta de la propiedad; 1,8% ingresos de otros trabajos; 1,9% pagos en especies.

En el período de febrero a marzo de 2020, tiempo en el que se dieron los primeros casos de COVID-19 en el país, se observó una desaceleración en la tasa de crecimiento de los trabajadores asegurados al IMSS, siendo los jóvenes los que experimentan una constante y pronunciada disminución de los empleos formales y con ello cambiaría también la distribución por grupos de edades de los empleos formales.

Así tenemos que el cambio porcentual del empleo registrado ante el IMSS por grupo etario en el país entre 2017 – 2020 es muy significativo, ya que solamente crece el grupo de 65 años o más y los dos anteriores caen. Así, el de los jóvenes de menos de 29 años cae en picada y el intermedio de 30-49 y el siguiente de 50-64, también se reducen en esta crisis.

En la emergencia sanitaria y desaceleración económica, la pérdida de empleos no solo implica la disminución de los ingresos en los hogares sino también la imposibilidad de hacer uso de las prestaciones laborales a las que se tiene acceso mediante éste.

De allí que para el CONEVAL la carencia por acceso a la seguridad social es la más alta de las seis carencias contempladas en la medición multidimensional de la pobreza. En 2018, 71.7 millones de personas (57.3% de la población) no tenían acceso a la seguridad social.

Debido a que la seguridad social se encuentra directamente vinculada a los mercados laborales, las personas empleadas en sectores afectados directamente por la epidemia son más vulnerables, así como algunos grupos poblacionales que cuentan con menor cobertura de seguridad social.

 En 2018, el 77.3% de los ocupados, sin tomar en cuenta a los jubilados, fueron trabajadores que dependen de un patrón, y se estima que alrededor de 67.5% de los trabajadores subordinados no contaban con acceso a la seguridad social como prestación laboral y, por lo tanto, no podían extender la cobertura a sus familiares.

El ingreso laboral de estos trabajadores representa 38.9% del ingreso total de sus hogares, por lo que, ante la emergencia sanitaria y la desaceleración de la actividad económica, estos hogares verían mermados sus recursos económicos para satisfacer las necesidades del hogar.

Los trabajadores subordinados sin seguridad social como prestación laboral resultan especialmente vulnerables, ya que 13.5 millones se encuentran en situación de pobreza y para este grupo poblacional, el ingreso laboral representa en promedio 41.1% del ingreso total de sus hogares.

De acuerdo con la ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares) en 2018, 22.7% de la población ocupada, sin tomar en cuenta a los jubilados que trabajan, eran trabajadores por cuenta propia, y el 99.4% de éstos no contaban con acceso a la seguridad social como prestación laboral.

Los “cuentapropistas” representan 50.9% de los ocupados en el primer decil, mientras que en el décimo decil representan 15.7%. Esto refleja la vulnerabilidad a la que se enfrentan los trabajadores por cuenta propia, en términos de pérdida de ingresos y carencia por acceso a la seguridad, pues una reducción en su ingreso afectaría en mayor proporción a los hogares de menores recursos.

En el país, la pandemia amenaza con reducir los avances que se han dado en desarrollo social de la última década y comprometer la capacidad de recuperación económica de los hogares y las unidades económicas, ante el posible aumento en los niveles de pobreza y pobreza extrema por ingresos, así como riesgos importantes para la población que depende del ingreso laboral, por las características estructurales de la economía mexicana que son de gran fragilidad.

La crisis derivada de la contingencia por la enfermedad COVID-19 obliga, en primer lugar, a tomar decisiones de emergencia en materia de bienestar económico (ingreso), salud, alimentación, vivienda y educación, para contribuir a la protección de los grupos más vulnerables.

Esto incluye movilizar recursos y afinar los instrumentos disponibles para asegurar que los programas y acciones prioritarios de desarrollo social logren llegar a quienes más lo necesitan; que la dispersión de recursos sea ágil, transparente y se focalice a los grupos de población más afectados.

La grieta política impide un acuerdo nacional y ambos bandos se consideran con la razón, aunque como siempre sería el pueblo mexicano la víctima de este enfrentamiento, luego de tres décadas de neoliberalismo que logró empobrecer masivamente al país y con ello sentar las bases de un Estado fallido.